Tabla de contenido
Ciudad de México.- La era de las jubilaciones doradas en México tiene los días contados. En un movimiento que refuerza la bandera de la "Austeridad Republicana", la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, liderada por Leonel Godoy (Morena), aprobó una reforma clave al artículo 127 de la Constitución.
¿El objetivo? Ponerle un techo de cristal a las pensiones y jubilaciones que se pagan con recursos públicos, especialmente en el sector paraestatal (como Pemex, CFE y Nafin), para evitar que exfuncionarios sigan percibiendo montos que la mayoría de los mexicanos solo vería en varias vidas de trabajo.
Las claves de la "tijera" legislativa
Para entender qué está pasando y cómo te afecta (o a quién le pega), aquí te resumimos los puntos más picantes del dictamen:
- El nuevo tope: Las pensiones de personal de confianza en organismos descentralizados y empresas del Estado no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal (es decir, de la Presidenta o Presidente).
- ¿A quiénes no toca?: Las Fuerzas Armadas se salvan. También quedan fuera quienes ahorraron de forma voluntaria en sus Afores o sistemas complementarios sindicales, así como la pensión para adultos mayores del Bienestar.
- Lenguaje inclusivo: La reforma aprovecha para "modernizar" la Constitución. Ya no se hablará solo del "Presidente", sino de la "persona titular del Ejecutivo Federal".
El choque: ¿Justicia social o golpe al patrimonio?
Aunque la votación en comisión fue unánime (26-0), el debate afuera está que arde. Mientras que diputados de la 4T aseguran que se trata de acabar con "privilegios ofensivos de una minoría", la oposición y grupos de jubilados tienen otros datos.
El fantasma de la retroactividad: Uno de los puntos más polémicos es que la reforma plantea que las pensiones que ya se están cobrando también deberán ajustarse al nuevo límite.
"Es una medida confiscatoria que afecta la trayectoria y condición de vida de quienes dedicaron su vida al sector energético", denunciaron representantes de jubilados de CFE y Pemex ante los diputados.
Por su parte, el PRI y MC señalaron que la reforma entra en "tensión directa" con los derechos humanos y el principio de no retroactividad de la ley. Incluso dentro de Morena, hubo voces como la de Arturo Olivares Cerda, quien advirtió que esto podría afectar al sector médico y técnico que aspira a una vejez digna tras años de especialización.
¿Qué sigue?
El dictamen ya fue enviado a la Mesa Directiva para su programación legislativa. Las reservas (los puntos específicos que los diputados quieren cambiar o discutir más a fondo) se verán directamente en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Si se aprueba tal cual, los estados y el Congreso de la Unión tendrán 90 días para ajustar todas las leyes locales y contratos laborales a esta nueva realidad de "cinturón apretado".
