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El Ayuntamiento de Acapulco prepara una modificación a su presupuesto de 2026 para cubrir el impacto de un crédito fiscal por 232 millones 587 mil pesos, relacionado con retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio 2021, durante la administración de la exalcaldesa Adela Román Ocampo.
El tema fue expuesto durante la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 30 de octubre. Funcionarios municipales explicaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó diferencias en el manejo de las retenciones de nómina y exigió el pago al Ayuntamiento.
La alcaldesa Abelina López Rodríguez ha señalado que el adeudo no se originó durante su gobierno, pero que correspondió a la administración actual atender el requerimiento fiscal. El 15 de octubre, el municipio realizó el pago de 232 millones 587 mil pesos para evitar mayores recargos y posibles afectaciones a las participaciones federales y a la operación financiera del Ayuntamiento.
Pago al SAT compromete recursos previstos para el cierre de año
De acuerdo con la explicación presentada ante el Cabildo, el pago se realizó con recursos que estaban reservados para compromisos de fin de año, entre ellos las prestaciones laborales. El gobierno municipal espera recuperar alrededor de 174 millones 440 mil pesos mediante un convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal.
Una vez concretado ese reintegro, permanecería un faltante cercano a los 58 millones de pesos, que el Ayuntamiento pretende cubrir mediante ajustes al gasto, modificaciones de proyectos y reducción de compras de materiales, suministros y equipo tecnológico.
Durante la sesión, la presidenta municipal sostuvo que los salarios y aguinaldos de los trabajadores están garantizados. También se expusieron los riesgos que, según los funcionarios, habría implicado aplazar el pago al SAT: nuevos recargos, posibles retenciones de participaciones y restricciones para realizar operaciones fiscales.
El proyecto de modificación presupuestal fue turnado a la Comisión de Hacienda para su análisis, por lo que todavía no había sido aprobado por el Cabildo.
