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Los coordinadores parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo en ambas cámaras del Congreso de la Unión expresaron un respaldo público y cerrado a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de crecientes críticas al paquete de reformas del denominado Plan C y tras la marcha realizada el sábado 15 de noviembre. En conferencia de prensa desde el Senado, los presidentes de las Juntas de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, afirmaron que el bloque legislativo oficialista mantendrá la unidad programática en torno a la agenda presidencial y a la ruta de aprobación de las reformas pendientes.
López Hernández atribuyó la movilización del fin de semana a lo que calificó como una acción organizada por sectores específicos de oposición. Según su versión, la convocatoria fue diseñada desde un taller celebrado el 13 de septiembre en Morelia por la asociación civil Creemos México, con participación de figuras políticas identificadas con la derecha mexicana y la ultraderecha internacional. Sostuvo que la cantidad de asistentes fue menor a la proyectada por sus promotores y que en varios estados las concentraciones fueron reducidas.
Durante la conferencia, Monreal reiteró el compromiso de la coalición gobernante con la estabilidad institucional y afirmó que los llamados “ataques, denuestos y calumnias” contra la presidenta buscan deslegitimar la transición política iniciada en 2018. Hizo referencia indirecta a declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, a las que calificó de injerencistas, y llamó a mantener la vía electoral y parlamentaria como único mecanismo de disputa política.
Respecto a los hechos violentos registrados en el Zócalo durante la marcha, López Hernández afirmó que grupos de “infiltrados” y “provocadores” fueron responsables de las agresiones y señaló que más de cien policías resultaron lesionados. Admitió, no obstante, que pudieron presentarse “algunos excesos” por parte de fuerzas de seguridad y dejó a las autoridades competentes la responsabilidad de investigarlos. En cuanto al llamado “bloque negro”, indicó que su posible desarticulación o deslinde corresponde a la Fiscalía y a las instancias de seguridad.
Monreal reconoció que parte de la inconformidad juvenil expresada en la marcha responde a demandas legítimas en materia de vivienda, empleo y jornada laboral. Sin embargo, atribuyó otra parte de la movilización a grupos que, dijo, “perdieron privilegios” bajo la separación entre poder político y económico impulsada por el gobierno actual. Ambos legisladores insistieron en que la violencia no constituye una vía válida de expresión y subrayaron que la atención de las demandas ciudadanas debe canalizarse mediante mecanismos institucionales.
En relación con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las acusaciones formuladas durante la manifestación contra el senador Raúl Morón y el exgobernador Leonel Godoy, López Hernández aseguró que la investigación continúa abierta y que las autoridades llamarán a declarar a quienes correspondan. También negó que exista una polarización social profunda, argumentando que, a su juicio, “son muchos millones más” los ciudadanos que respaldan a la presidenta y al proyecto de nación.
El encuentro concluyó con un mensaje político explícito: los líderes parlamentarios aseguraron que el objetivo central era mostrar cohesión interna del bloque oficialista y enviar una señal inequívoca de apoyo a la titular del Ejecutivo. Adelantaron que en el Senado se prevé la votación de la Ley contra la Extorsión la siguiente semana y confirmaron que la discusión presupuestaria incluye la reasignación de alrededor de 18 mil millones de pesos provenientes del Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral.
