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Chilpancingo, Guerrero.- Familiares de víctimas de la represión en Guerrero y representantes de organizaciones culturales acusaron al subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, de tergiversar las demandas planteadas durante una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y anunciaron que lo desconocen como interlocutor del Ejecutivo estatal.
En conferencia de prensa realizada este sábado afuera del Palacio de Cultura, en Chilpancingo, integrantes del Movimiento contra el homenaje a Rubén Figueroa Figueroa —a quien los colectivos califican como responsable de graves violaciones a derechos humanos— rechazaron las declaraciones del funcionario, quien aseguró públicamente que en el encuentro sostenido el pasado 16 de diciembre no se solicitó una disculpa pública ni la destitución de la secretaria de Cultura.
Micaela Cabañas Ayala, hija del dirigente social Lucio Cabañas Barrientos, afirmó que esa versión “reduce y tergiversa de manera deliberada” lo expuesto ante la gobernadora y el subsecretario. Sostuvo que en la reunión se plantearon de forma clara cuatro exigencias: una disculpa pública por el homenaje realizado el 9 de noviembre en Huitzuco al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa; la destitución de la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo; el cumplimiento íntegro de la Recomendación 98VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la eliminación del apellido Figueroa de calles, parques y espacios públicos en la entidad.
En un pronunciamiento leído ante medios, el movimiento sostuvo que las declaraciones de Rodríguez Cisneros, difundidas el 18 de diciembre, “constituyen una tergiversación deliberada de lo expresado en una reunión oficial”, por lo que decidieron desconocerlo como interlocutor. “Utiliza las reuniones para simular diálogo y después se desdice de los acuerdos”, señalaron.
Los colectivos también rechazaron la afirmación del subsecretario de que la única solicitud fue el cumplimiento de la recomendación de la CNDH. Consideraron que esa interpretación es “restrictiva y revictimizante”, ya que, afirmaron, reduce las demandas de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición a una obligación jurídica previa.
Indicaron que las responsabilidades del Estado de Guerrero no se limitan a una sola recomendación, sino que incluyen sentencias internacionales, informes de comisiones de la verdad y otros instrumentos oficiales relacionados con violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.
Finalmente, los colectivos exigieron que la disculpa pública sea emitida directamente por la gobernadora y advirtieron que no participarán en actos oficiales mientras no se reconozca el agravio que, a su juicio, representó el homenaje y no se separe del cargo a la secretaria de Cultura. Afirmaron que su movilización continuará hasta que sus demandas sean atendidas.
