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Segunda y última parte
El horror.
Difícil soportarlo.
Un montón de cadáveres, en completo estado de putrefacción, flotaba en el fondo del pozo artesiano.
Alberto “N” y don Filiberto Cano habían separado la tapa metálica y tuve que cubrirme la nariz al recibir el ramalazo tóxico de la muerte.
—El mal olor de un cuerpo humano en descomposición supera al de cualquier bestia, es único e insoportable –me había dicho un médico forense en Cuernavaca y ahora lo confirmaba.
El policía judicial nos señaló otros tres 
pozos, también invadidos por osamentas humanas, zapatos y ropa, en el mismo fraccionamiento Copacabana, donde estaban inhabitadas cincuenta y cinco residencias, de ciento cinco.
—Aquí es donde traen a los detenidos y torturan –dijo Alberto “N” y nos señaló una de las casas de una planta, semidestruida por la yerba silvestre y la falta de mantenimiento.
El señor Cano no pudo contener el llanto y se apartó de nosotros para aligerar sus emociones.
—¿Desde cuándo comenzó esta tragedia?
—Va para dos años y los vecinos tienen miedo. Algunas familias prefieren dejar los dos fraccionamientos e irse a vivir a otro lado de Acapulco. Abrir la boca les puede costar la vida, porque en las ejecuciones están involucrados guachos y policías judiciales y de la Montada. Es mejor callar.
En esos momentos preferí no contactar con los vecinos de los fraccionamientos Granjas del Marqués y Copacabana y solicitar el apoyo de don Enrique Maza, uno de los directivos del semanario Proceso.
—Le sugiero no decirle nada a otros periodistas, porque la mayoría le trabaja a la Secretaría de Gobernación o al gobernador Rubén Figueroa —me advirtió el policía judicial.
En esos momentos ya transitábamos por la avenida Costera Miguel Alemán.
—Por favor, Alberto, dile lo que sabes de mi yerno –pidió el señor Cano, quien iba al frente del volante de su automóvil.
—Lo detuvieron al salir de su trabajo, cerca de la terminal de la Estrella Blanca, y lo llevaron a la casa que les señalé. Eso me lo dijo uno de los compañeros que participó en la detención, pero me aseguró que no quiso involucrarse en la tortura.
—¿Lo asesinaron?
—No me pudo dar razón de eso, porque en algunas ocasiones, cuando no son guerrilleros o secuestradores, los dejan vivos para poder extorsionar a sus familiares.
—Mi yerno no es ninguna de las dos cosas, sino un modesto empleado de oficina y un buen padre y esposo…
Por momentos, ya a solas, temí por mi seguridad. Sin embargo, estaba indignado al comprobar que el gobierno federal alentaba las ejecuciones extrajudiciales. Rubén Figueroa, en su afán de vengar la humillación infringida por Lucio Cabañas, había alentado el exterminio del Partido de los Pobres y su brazo armado. En la cruzada anticomunista contaba con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde un teléfono público, busqué nuevamente al sacerdote y periodista Enrique Maza y le confirmé de mi hallazgo. En esta ocasión, su apoyo fue total. En mi diario personal quedó registrada esa llamada: miércoles 8 de octubre de 1980.
—No se preocupe -dijo don Enrique-, voy a proponerle al director general (Julio Scherer García) que envié un reportero para que lo apoye…
Y
lo cumplió.
El jueves 9, por la tarde, fui al hotel Princess Acapulco para entrevistarme con el enviado de Proceso: Juan Antonio Zúñiga. Por sugerencia mía, ahí se había hospedado, por encontrarse el hotel cerca del fraccionamiento Copacabana.
De inmediato, en su habitación, lo puse al tanto de lo que ocurría y al día siguiente, después de desayunar, nos internamos en su automóvil a los dos fraccionamientos. La experiencia reporteril de Zúñiga, de lentes bifocales, grueso bigote y una seriedad extrema, permitió que nuestras entrevistas tuvieran éxito entre algunos vecinos al aportar datos contundentes: efectivamente, casi todos los fines de semana llegaban vehículos y camionetas con vidrios polarizados a Granjas del Marqués y Copacabana y por las noches se escuchaban gritos desgarradores, música y detonaciones.
En el fraccionamiento Granjas del Marqués, la flora silvestre prácticamente había cubierto la mayoría de las viviendas inhabitadas y en diez o doce de los treinta pozos artesianos, visualizamos rastros de cadáveres.
Y además descubrimos que dos meses atrás, a mediados de agosto, El Sol de Acapulco había publicado una pequeña nota en la sección policíaca, donde un vecino denunciaba la presencia de osamentas humanas en uno esos pozos. La Procuraduría General de Justicia del Estado envió a sus peritos para hacer el levantamiento de las osamentas, en caso de existir, pero todo se realizó soterradamente y el problema continuaba.
—Hace como tres semanas vinieron los bomberos y sellaron algunos pozos, pero no supimos si se investigarían esos crímenes –nos comentó un cuidandero del fraccionamiento Granjas del Marqués.
El jefe de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Miguel Catalán Sánchez había elaborado un reporte de sus hallazgos en el fraccionamiento Copacabana, y tras entregárselo a su jefe inmediato, se le ordenó telefónicamente al secretario de la Tercera Delegación del Ministerio Público, Manuel Rivera, para que abriera una averiguación, recuperaran los cadáveres y sellaran los pozos artesianos.
Nada más.
Uno de los agentes judiciales apoyó en la investigación periodística y Zúñiga tuvo acceso a la averiguación AP-III-642-80 donde se confirmaba que bomberos y personal forense acudieron a ambos fraccionamientos y en algunos pozos artesianos descubrieron calzado y ropa femenina y masculina, y unas cuarenta osamentas humanas.
Don Pedro Huerta, el propietario del periódico Revolución, fue presionado para que se deslindara de la investigación periodística que realizaba el semanario Proceso. Por lo mismo, don Pedro tuvo que despedirme y evitar represalias personales, familiares o a su empresa.
Nunca cuestioné su proceder.
El reportaje se publicó el 13 de octubre de 1980, en la revista Proceso numero 206, y el 24 de octubre fui detenido en Acapulco por dos policías judiciales e internado en la cárcel municipal, donde fui golpeado por tres internos hasta perder el conocimiento.
Por fortuna, en el momento de ser privado de mi libertad iba acompañado por un médico militar y su esposa, y eso permitió que sobreviviera.
Tal vez hubiese sido una osamenta mas abandonada en los pozos artesianos de los fraccionamientos Copacabana y Granjas del Marqués.
El reportero Miguel Cepeda R, el 3 de noviembre de 1980, publicó en el semanario Proceso, número 209, lo ocurrido:
ACAPULCO, GRO.- Agentes de la policía judicial del estado detuvieron aquí al corresponsal de Proceso, Everardo Monroy Caracas, a quien golpearon, le fracturaron varias costillas y lo hirieron en la cabeza.
A raíz del reportaje "Cuerpos y ropa irrescatables en Granjas del Marqués" (Proceso No. 206, 13 de octubre), elaborado en coordinación con otro reportero de esta revista, Monroy Caracas fue detenido violentamente el 24 de octubre a las 12:40 de la noche, en compañía de un matrimonio, por dos agentes judiciales.
Tres horas más tarde, ese mismo día, fue cateada –sin orden judicial– la casa de Andrés Nájera, dirigente del Frente Estatal Contra la Represión, quien fue uno de los principales voceros del reportaje. Nájera no se encontraba en ese momento, pero, los judiciales secuestraron a su hermana Edminda Nájera.
Monroy acompañaba al doctor Pablo Rincón Adams y a su esposa, doctora Lucero Jiménez, quienes transitaban en un auto Gremlin por la calzada Pie de la Cuesta. Momentos antes de librar un bache, un auto Rambler rojo, sin placas, que venía a alta velocidad, les dio alcance. Dos agentes judiciales descendieron del coche, golpearon al doctor Rincón Adams y detuvieron a los tres.
De ahí los trasladaron a la cárcel municipal, donde liberaron primero a la doctora Jiménez y dos horas más tarde a su esposo, médico militar de la Armada mexicana. Monroy Caracas quedó detenido; cerca de las cinco de la mañana de ese día el periodista, recluido en la celda de homicidas, fue golpeado, resultando con fractura de varias costillas y una herida en la cabeza. Salió hasta las nueve de la mañana.
Dos horas más tarde, fue liberada Edminda Nájera, tras de una manifestación de protesta de alrededor de 4,000 personas –estudiantes y sectores populares– en Chilpancingo.
En el reportaje en cuestión, el Frente Estatal contra la Represión había denunciado que en Granjas de Marqués, había restos de cadáveres, presumiblemente de algunos de los 348 desaparecidos políticos que hay en Guerrero.
El Frente Nacional contra la Represión consignó las detenciones arbitrarias y levantó una demanda en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, el 25 de octubre, y la dio a conocer a Amnistía Internacional, en Londres.
Rosario Ibarra de Piedra, dirigente de este organismo, dijo que hay orden de aprehensión contra Nájera y Efraín Bermúdez, otro miembro del Comité Estatal contra la Represión, y vocero en el reportaje, "pero el procurador de Guerrero negó este hecho".
En la Procuraduría de Justicia del estado no se han investigado ni esclarecido estos acontecimientos.
