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Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció que en agosto se pondrá en marcha la primera generación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, como parte de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la academia arrancará el próximo 4 de agosto con un primer grupo de 250 aspirantes provenientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes recibirán una formación de nueve meses. En total, 1,000 jóvenes iniciarán este año su capacitación como parte de esta primera generación.
“La convocatoria publicada 31 de marzo ha recibido más de 28,000 solicitudes de aspirantes con nivel mínimo de licenciatura. El proceso de reclutamiento ha sido riguroso e incluye evaluaciones físicas, médicas, psicométricas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas”, indicó.
Esta nueva institución formará a mandos y personal especializado en seguridad y procuración de justicia bajo un modelo unificado, con estándares nacionales y visión humanista.
La funcionaria también anunció que en septiembre comenzará un curso dirigido específicamente a titulares de secretarías de seguridad, fiscalías estatales y altos mandos ministeriales, policiales y penitenciarios. “El gobierno de México apuesta por la formación de profesionales de la seguridad con una visión ética, humanista y de amor a la patria”, expresó.
Evaluación obligatoria
Figueroa dijo que la nueva ley establece, por primera vez en el país, estándares mínimos para todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia. “Ya no sólo se evaluará y certificará a las personas, sino también a las instituciones”, señaló.
Las secretarías estatales de seguridad deberán contar con áreas básicas como operativas, asuntos internos, carrera policial y academias de formación. En tanto, las fiscalías tendrán que tener unidades especializadas en atención a víctimas, investigación, servicios periciales, delitos de género y alto impacto.
Además, se deberá garantizar la profesionalización del personal conforme a su perfil, así como la evaluación periódica del desempeño de los mandos y de las propias instituciones.
La ley también obliga a que todas las corporaciones brinden prestaciones mínimas a sus elementos.