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Gobernar Acapulco nunca ha sido una tarea sencilla. Hacerlo en medio de una cadena de desastres naturales sin precedentes y bajo un asedio político constante, convierte el reto en algo excepcional. Ese es el escenario que ha enfrentado la presidenta municipal Abelina López Rodríguez durante los últimos tres años.
Desde el huracán Otis en 2023, que marcó un antes y un después para el puerto, pasando por el huracán John en 2024, hasta el sismo de magnitud 6.5 registrado el 2 de enero de 2025, la administración municipal ha tenido que operar en un contexto de emergencia permanente. La reconstrucción, la atención social y la recuperación económica han absorbido buena parte de la agenda pública, en una ciudad que aún no termina de levantarse.
Sin embargo, a la adversidad climática se ha sumado un golpeteo político inédito. Abelina López enfrenta dos juicios políticos en el Congreso local, encabezado por su compañero de partido Jesús Urióstegui, así como dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Una fue promovida por la Contraloría estatal por supuestamente no comprobar más de 800 millones proveniente de recursos federales; la otra, por el excandidato a la presidencia municipal Ramiro Solorio Almazán, por “cohecho y lo que resulte”, quien ha convertido a la alcaldesa en el eje permanente de su discurso y estrategia política.
Nunca antes una presidenta municipal de Acapulco había enfrentado de manera simultánea juicios políticos y denuncias penales mientras intentaba gobernar una ciudad devastada por fenómenos naturales. El mensaje es claro: más que un debate jurídico, se trata de un clima de desgaste político que distrae de la función pública y contamina el debate sobre la reconstrucción del puerto.
La más reciente denuncia presentada por Solorio acusa a la edil “por el delito de cohecho y lo que resulte”, sustentándose únicamente en la exhibición pública de un collar recibido como obsequio, sin que exista vínculo alguno con contratos, decisiones administrativas o actos de gobierno. En términos políticos, el episodio refleja una judicialización del discurso electoral anticipado, más que un señalamiento con sustento sólido.
Otro frente de confrontación ha sido la crisis del agua, agravada por los daños a la infraestructura hidráulica tras los huracanes y el reciente sismo. La escasez en el suministro ha sido utilizada como bandera de crítica contra el gobierno municipal. No obstante, este viernes, desde Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: la infraestructura hidráulica del puerto data de la década de 1970, y la modernización de estaciones de bombeo implica inversiones que superan el presupuesto anual del municipio.
El señalamiento no es menor. Con datos técnicos sobre la mesa, queda claro que la renovación integral del sistema de abastecimiento y distribución de agua no es una tarea que pueda resolverse en meses ni con recursos municipales, e incluso rebasa las capacidades financieras de la federación para un solo ejercicio fiscal. Se trata de un problema estructural que deberá atenderse a lo largo del sexenio.
En ese mismo espacio, la presidenta Sheinbaum dejó claro que existe plena coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado encabezado por Evelyn Salgado Pineda y el Municipio, cerrando la puerta a versiones sobre una posible intervención federal para administrar CAPAMA. El mensaje político es claro: respaldo institucional y corresponsabilidad, no desplazamiento.
En el fondo, lo que hoy ocurre en Acapulco no puede leerse al margen de la sucesión de 2027. El desgaste de figuras, la activación de expedientes y el uso político de la crisis forman parte de un reacomodo temprano de fuerzas. En ese tablero, Abelina López Rodríguez no solo gobierna una ciudad en reconstrucción: también se ha convertido en un actor central del ajedrez político guerrerense.
Y como suele ocurrir en los procesos sucesorios, los golpes no siempre vienen de la oposición.
