Table of Contents
El abogado Vidulfo Rosales Sierra anunció su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, así como de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por las madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La renuncia ocurre a un mes de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas y después de 24 años de trabajo ininterrumpido en Tlachinollan, organización dirigida por Abel Barrera Hernández. Paralelamente, fuentes confirmaron que Rosales se integrará como colaborador del próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre.
El hecho marca un giro relevante en la trayectoria del abogado, quien se convirtió en uno de los principales rostros visibles en la defensa del caso Ayotzinapa y que enfrentó amenazas y presiones derivadas de su labor.
Desde el propio Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la visión sobre la reforma judicial ha sido abiertamente crítica. En un posicionamiento emitido en julio de 2024, Tlachinollan advirtió que los cambios impulsados por el Ejecutivo y el Legislativo no resuelven los problemas estructurales del sistema de justicia, sino que, por el contrario, introducen un esquema de control político sobre jueces y magistrados.
La organización cuestionó que la propuesta deja intactas las deficiencias en fiscalías, ministerios públicos y reclusorios, mientras refuerza la injerencia de fuerzas partidistas en la designación de autoridades judiciales, lo que —según señaló— debilita la independencia del Poder Judicial y compromete su papel como contrapeso en un sistema democrático.
Pese a ello, Rosales difundió un comunicado titulado En otras trincheras de lucha, en el que informó que deja de colaborar en Tlachinollan y agradeció a Abel Barrera por su respaldo a lo largo de más de dos décadas. Recordó su participación en casos de desaparición de dirigentes sociales como Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas y Arnulfo Cerón Soriano, así como su papel en la defensa de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos. Desde otras trincheras continuaré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad”, señaló en el documento.
Aunque en su escrito no detalló el nuevo espacio desde el cual trabajará, su presencia en una reunión reciente de los próximos ministros de la Corte, difundida por Hugo Aguilar en la red social X, confirmó su futura incorporación al máximo tribunal.
El abogado fue uno de los principales referentes de la defensa legal del caso Iguala. En 2012, tras participar en investigaciones sobre el asesinato de dos normalistas en Chilpancingo, tuvo que salir temporalmente del país debido a amenazas directas. Más recientemente, en 2024, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció que emprendería acciones legales en su contra por declaraciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Durante su gestión, Rosales también enfrentó presiones de instituciones estatales y federales, pero sostuvo su participación en la representación jurídica de los padres de los 43 hasta este mes.
La salida de Rosales se produce mientras la administración federal prepara nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 4 de septiembre se darán a conocer avances impulsados por la Fiscalía General de la República con apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.
El gobierno federal asegura que estas herramientas permitirán avanzar en el hallazgo de los estudiantes desaparecidos y en la identificación de los responsables. Sin embargo, la renuncia del abogado plantea interrogantes sobre la continuidad en la representación jurídica del colectivo de familiares.
