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Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), un cambio que, aunque esperado tras meses de bajo perfil del funcionario, marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y la institución autónoma encargada de la procuración de justicia.
Sheinbaum anunció que ofreció al exfiscal un cargo diplomático, oferta que Gertz aceptó, aunque evitó precisar la sede hasta que concluya el proceso formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. La mandataria subrayó que el nombramiento no podrá hacerse público hasta que el país receptor apruebe las credenciales, un matiz que no ha impedido críticas sobre el reciclaje de figuras clave en puestos estratégicos.
En el relevo inmediato, Sheinbaum recordó que Ernestina Godoy asumirá interinamente la titularidad de la FGR mientras se activa el procedimiento institucional para designar a una persona que ocupe el cargo de manera definitiva. No obstante, su propia renuncia abrirá otro espacio temporal: Raúl Jiménez, integrante de la Consejería Jurídica, quedará al frente mientras se completa el proceso. La presidenta adelantó que será la próxima semana cuando se conozca a quien deberá ser ratificado por el Senado, un paso que también podría revelar el peso político detrás de la decisión final.
La mandataria insistió en la necesidad de reforzar la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, pese a que esta última es constitucionalmente autónoma. “La coordinación (…) es fundamental para seguir avanzando en un país seguro y con justicia”, afirmó, enviando un mensaje claro sobre las expectativas que el Ejecutivo tiene respecto del próximo titular.
Sheinbaum expresó su deseo de que la llegada de un nuevo fiscal permita mayor fluidez en el trabajo conjunto y reiteró su compromiso con una estrategia de “cero impunidad”. Sin embargo, el énfasis en la necesidad de “más coordinación” vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre autonomía institucional y control político en un momento clave para la agenda de seguridad del país.
