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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes el proyecto de reforma constitucional que —según el discurso oficial— reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, el beneficio no llegará sino hasta dentro de cuatro años y su implementación se estirará hasta 2030, tras un acuerdo que el gobierno alcanzó con cúpulas empresariales, sindicatos alineados, academia y organizaciones afines.
El anuncio, hecho en la conferencia denominada La Mañanera del Pueblo, fue encabezado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien aseguró que la reducción será un “derecho constitucional” y que no implicará recortes salariales ni pérdida de prestaciones.
La narrativa oficial insiste en que se trata de un triunfo para las personas trabajadoras, pero el calendario revela lo contrario: el cambio será lento, diferido y diseñado para no incomodar al sector patronal.
De acuerdo con el proyecto, la transición iniciará hasta el 1 de mayo de 2026. A partir de 2027 se reducirán apenas dos horas por año: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y, finalmente, 40 horas en 2030. En los hechos, la medida pospone por media década una promesa que en otros países ha sido implementada de forma inmediata.
El gobierno también destacó que la reforma introduce la prohibición de horas extra para menores de edad, una disposición que, aunque relevante, ya formaba parte de las exigencias de organismos internacionales y que evidencia los rezagos del modelo laboral mexicano.
El acuerdo “consensuado” con el sector empresarial se convirtió en el eje del anuncio. La gradualidad, presentada como un acto de responsabilidad macroeconómica, ha sido interpretada por organizaciones laborales independientes como una concesión a las cámaras empresariales, que durante meses presionaron para frenar o diluir la reducción.
En contraste, los trabajadores seguirán con jornadas que superan ampliamente el promedio de la OCDE durante, por lo menos, cuatro años más.
Pese a los mensajes triunfalistas del gobierno, la iniciativa deja abiertas preguntas incómodas: ¿por qué una reforma constitucional que se presume histórica se pospone hasta el final del sexenio?, ¿por qué la jornada de 40 horas, anunciada como prioritaria desde la campaña, queda supeditada al ritmo empresarial?, ¿y por qué se evita discutir mecanismos de inspección, que han sido la principal debilidad del sistema laboral mexicano?
La reforma avanza a paso de caracol en el papel. En la vida diaria de millones de trabajadores, el reloj seguirá marcando jornadas de 48 horas… por mucho más tiempo
