Table of Contents
Por Eduardo Serna
El rotundo fracaso de las convocatorias del 15N y, sobre todo, del 20N dejó una lección política: a veces, la manifestación más contundente es no asistir. Los jóvenes mexicanos, supuestamente el corazón del movimiento, negaron sus pies para marchar y con ello enviaron un mensaje que resonó más fuerte que cualquier consigna: los jóvenes no se dejarán instrumentalizar.
Para entender la profundidad de este rechazo, es necesario examinar el entramado detrás de estas movilizaciones. Lejos de ser una explosión espontánea de indignación juvenil, los datos verificables revelan una operación de ingeniería social con un guion preescrito y financiamiento extranjero. La intervención estadounidense en América Latina ha transitado desde las “Banana Wars” del siglo XX hasta los métodos contemporáneos de “guerra cognitiva”. La Alianza Atlántica define formalmente este concepto como “la lucha donde el cerebro es tanto el objetivo como el arma”, enfocada en “atacar y degradar la racionalidad, llevando a la explotación de vulnerabilidades y al debilitamiento sistémico”.
La punta de lanza de esta arquitectura es Atlas Network, una organización que coordina más de 478 think tanks en 96 países. Financiada por fundaciones estadounidenses vinculadas al gobierno de Estados Unidos, la NED, y grandes corporaciones como Koch Industries, Philip Morris y ExxonMobil, opera como plataforma que financia proyectos políticos de extrema derecha en América Latina. Su historial documentado es amplio: participó en el golpe contra Evo Morales en Bolivia (2019), financió a CEDICE para el golpe de abril en Venezuela (2002) y apoyó al Movimento Brasil Livre durante el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil.
En el caso de la operación 15N, el financiamiento estimado de 90 millones de pesos (aproximadamente 5 millones USD) provenía de redes internacionales de derecha. La cronología muestra una campaña artificial que estalló en octubre, con 179 cuentas de TikTok creadas apresuradamente —50 de ellas entre octubre y noviembre de 2025— y 359 comunidades de Facebook, 28 administradas desde el extranjero, para simular un movimiento orgánico. Los resultados y las investigaciones desmontaron las narrativas de una “insurrección espontánea de la Generación Z”.
En la Ciudad de México hubo aproximadamente 17,000 participantes, principalmente adultos mayores. En la península de Yucatán la debilidad de esta operación se hizo evidente: en Campeche, un grupo reducido con mínima presencia y sin generar interés entre los jóvenes campechanos; en Quintana Roo hubo concentraciones notablemente menores, en Cancún y Playa del Carmen, comparadas con movilizaciones sociales previas; en Yucatán el llamado fue virtualmente ignorado y los medios locales no registraron el evento como una noticia relevante. Mientras tanto, en otras partes del país, como Guadalajara, asistieron entre 10,000 y 20,000 personas, con presencia notable de políticos de oposición como Emilio Álvarez Icaza, Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta Naranjo. La participación visiblemente baja de jóvenes contradijo claramente el relato mediático en todo el país. La manifestación, anunciada como pacífica, derivó en violencia con aproximadamente 1,000 encapuchados que atacaron a la policía con piedras, fuegos artificiales, palos, cadenas y martillos, dejando 120 heridos, de los cuales 100 eran policías y 20 civiles; hubo 64 arrestados.
El colapso absoluto del 20N fue aún más revelador. La convocatoria para sabotear el desfile del aniversario de la Revolución Mexicana culminó en un desastre organizativo total: en la Ciudad de México apenas reunió a unos 200 participantes y en la Universidad Nacional Autónoma de México hubo cero asistentes.
Entre los personajes que están detrás de esta operación se encuentra Ricardo Salinas Pliego, adeudando más de 50 mil millones de pesos en impuestos evadidos; él estableció alianza pública con Atlas Network en 2024, ejecutando una estrategia de “subvenciones para el caos”. La red se extendía a Carlos Bello, influencer reconvertido en agitador político; activistas extranjeros como Javier Negre (España) y Fernando Cerimedo (Argentina); y el medio “La Derecha Diario México”, lanzado en enero de 2025 específicamente para estas operaciones. En este contexto geopolítico, el embajador estadounidense Ronald Johnson, ex coronel de Fuerzas Especiales y ex agente de la CIA, completaba un panorama preocupante. Según ProPublica, durante su embajada en El Salvador (2019-2021) “protegió al presidente Nayib Bukele de investigaciones anticorrupción”.
El fracaso del 15N y el colapso del 20N demostraron que la primera línea de defensa es la conciencia popular. Los jóvenes mexicanos mostraron una capacidad de discernimiento capaz de identificar y rechazar una operación de manipulación extranjera. Queda la advertencia: urge revisar tratados y blindar al país contra la injerencia del capital que chantajea y corrompe. La 4T tendrá que hacer un ejercicio de depuración entre sus filas, ajustar a los gobernadores y revisar los nexos de todo integrante de los tres niveles de gobierno. Por ahora, la decisión de los jóvenes de no marchar en el 20N fue un acto consciente. La defensa de la soberanía nacional debe correr por cuenta de todos, así como señalar a los traidores a la patria que se asocien con los agentes de manipulación en esta guerra cognitiva que, queramos o no, ya se ha puesto en marcha. Como siempre, lo invito a reflexionar y tomar acción.
